Vladimir Cerrón, suspendido gobernador regional de Junín, se entregó a la justicia, tras estar 16 días en la clandestinidad y llevar una orden de captura a nivel nacional.

Sobre Cerrón pesaba una sentencia judicial de cuatro años y ocho meses de prisión por el delito en contra de la administración pública.

Bajo la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano en el caso del saneamiento de La Oroya.

Asimismo, el general PNP Alejandro Oviedo, jefe de Sexta Macro Región Policial Junín, confirmó que el ex gobernador se entregó a las autoridades previa coordinación.

Además, indicó que se procedió al traslado inmediatamente al penal de Huancayo. “Se había coordinado para poder hacer la entrega y poder trasladarlo al penal de acuerdo a la orden judicial correspondiente”.

De esta forma, agentes de la Policía Nacional ejecutaron la detención de Cerrón en la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín.

La fiscalía acusa a la gestión del suspendido gobernador de entregar S/800 mil a la empresa La Oroya cuando no le correspondía.

Sin embargo, los funcionarios argumentan que se trató de una conciliación ejecutada por el procurador del gobierno regional y está de acuerdo a ley.

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