El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó, por mayoría, declarar fundado el recurso de hábeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori y, por consiguiente, anuló la prisión preventiva que se dictó contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), en el marco del Caso Odebrecht.

Asimismo, la decisión se adoptó la mañana de este lunes durante una sesión de pleno que recibió un proyecto de resolución depurada presentada por el magistrado Carlos Ramos.

Igualmente, el documento se presentó con algunas modificaciones al texto original sobre el mencionado recurso que presentó el presidente del TC y ponente del caso, Ernesto Blume.

Sin embargo, fuentes que en el pleno del TC confirmaron que pese a la sugerencia de Ramos, prevaleció el proyecto inicial presentado por Blume Fortini, es decir, para declarar fundado el recurso a favor de Fujimori.

No obstante, el extremo que proponía notificar a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) para que se sancione al juez Richard Concepción Carhuancho, fue rechazada por mayoría.

De esta forma, los magistrados habían coincidido en mayoría apoyar la resolución de Blume. Votaron a favor: Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos. En contra: Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma.

Votaron en contra de la sanción al juez Concepción Carchuancho los magistrados Miranda, Ramos, Ledesma y Espinosa-Saldaña. A favor, solo los magistrados Blume, Sardón y Ferrero.

“Se ha fundamentado en una decisión que defiende la afectación a la libertad personal”, explicaron desde el TC. “La decisión fue a favor de Keiko Fujimori”, manifestó otro participante de la sesión.

Explicaron que existe un compromiso de los magistrados para emitir una resolución y concluir con las firmas a más tardar este viernes.

TC y Fujimori

El martes de la semana pasada, los siete magistrados del TC iniciaron el debate del recurso. Ernesto Blume sustentó su proyecto de resolución que propone la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular.

La prisión preventiva, que dictó el Poder Judicial en octubre del 2018, es por la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos y organización criminal, por la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht.